Centroamérica a media máquina en lucha
contra la corrupción

Heredia (NP)

El Informe de la Región Centroamérica (2008), destacó que los ciudadanos y la prensa enfrentan un sinnúmero de trabas institucionales, pero ejercen presión para que los gobiernos no sean indiferentes ante actos corruptos.

El Informe, entregado en la Sede de la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, Costa Rica, destaca que los avances más significativos en Centroamérica están las múltiples experiencias de auditoría social en todos los niveles de gobierno.

Resalta la solicitud de rendición de cuentas a las autoridades, participación en la elaboración de planes y presupuestos públicos y ventanillas de recepción de denuncias.

Pese a ese mayor activismo, la ciudadanía muestra preocupantes actitudes de desconfianza hacia las entidades de control sobre la acción pública que ejercen para combatir la corrupción.

Cabe destacar que hay una relación directa entre victimización por corrupción y apoyo al sistema democrático, pues las personas que no han sufrido de esta causa muestran un mayor apoyo a la democracia que los que sí han sido víctimas, dice el Informe.

Pese a la generalizada percepción de corrupción en los asuntos públicos, existe tolerancia a actos corruptos más cercanos a la vida diaria, el 26,7% de los costarricenses opina que a veces se justifica pagar una “mordida”, le siguen los panameños con 21,7% y los nicaragüenses con 21,1%.

Prensa

Por su parte, los medios de comunicación han contribuido a posicionar el tema en la opinión pública  y poner al descubierto graves hechos de corrupción que en el caso de Costa Rica y Nicaragua condujeron al procesamiento judicial de ex presidentes de la República.

Resalta que los periodistas tienen acceso informal a una vasta cantidad de información, gozan de confianza ciudadana, no tienen el deber de revelar sus fuentes, pueden emplear técnicas de preguntas más flexibles que las de un fiscal y disponen de más recursos.

No obstante, señaló que tienen limitaciones como la concentración de la propiedad de los medios, que en algunos casos tienen conexiones políticas y empresariales así como obstáculos a la libertad de prensa.

Además, asegura que los avances legales y el mayor activismo ciudadano en el combate de la corrupción no encuentran su correlato en el entramado institucional de control, afirma el Informe Estado de la Región (2008).

El principal cuello de botella se presenta en la etapa de sanción pues prácticamente toda la capacidad sancionatoria se concentra en la justicia penal, con las características de lentitud y legalismo que ello significa”,  afirma.

Adicionalmente, hay limitaciones de recursos financieros y humanos en el aparato estatal encargado de supervisar la gestión pública, sobre todo las procuradurías o fiscalías anticorrupción del istmo.

El surgimiento poco planificado de más instituciones de control, genera a su vez dificultad para asignarles recursos financieros y humanos, en medio de la tendencia a la reducción del aparato burocrático, duplicación de funciones o generación de mayores demandas a los órganos existentes.

“Las limitaciones de recursos son importantes, pero aún pensando que estas entidades tuvieran mayores presupuestos hay otros problemas más estructurales, que violentan su autonomía con respecto a los sujetos que deben fiscalizar”, señala el reporte.

Indica que una falla detectada casi en todos los países es la inexistencia de procedimientos transparentes, requisitos técnicos y de experiencia previa para el nombramiento de jerarcas de las instituciones de control

Afirma que incluso, tres de las cortes de cuentas o contralorías de la región han tenido serias acusaciones de corrupción.

“Estos hechos son ilustrativos de un problema de fondo ¿Quién fiscaliza a los contralores? Sugerimos involucrar más a los Ombudsman (Defensores de los Habitantes), para que actúen como fiscalizadores de los órganos contralores”, destacó.

A las debilidades institucionales apuntadas se suman varias lagunas jurídicas como la falta de marcos legales para la protección de testigos de actos de corrupción.

Pese a trabas hay avances, dice el Informe al registrar avances normativos importantes, y cita el caso de Costa Rica con la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; en Honduras, la ley de Protección a Testigos.

Hay progresos también en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (Uncac, por sus siglas en inglés).

En el plano tecnológico, se dispone de portales que brindan la posibilidad de realizar gestiones y compras vía electrónica lo que contribuye a favorecer la transparencia dentro y fuera del Estado. Por ejemplo, Guate compras de Guatemala,  Comprared de Costa Rica, Panamá Compra y Panamá tramita.