Ley de Marinas turísticas atropella ambiente y  soberanía nacional

San José, (NP) Falta de control al tráfico de drogas, de armas, violaciones a la soberanía nacional, a los derechos humanos y destrucción del ambiente, son algunos problemas que generará a Costa Rica la nueva Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos, que se discute en la Asamblea Legislativa.

La advertencia fue hecha por expertos en temas sociales, jurídicos, ecosistemas costeros, en oceanografía y ecología, entre otros, durante el Foro sobre el impacto de las marinas en Costa Rica, realizado este martes en la Asamblea Legislativa.

Como uno de los resultados de un taller interdisciplinario con destacados especialistas en la materia, organizaciones y participantes individuales, “preocupados por el futuro de nuestros ecosistemas marinos y de las comunidades costeras” decidieron oponerse al proyecto de ley tendiente a modificar algunos artículos de la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas No. 7.744 (Expediente No. 14.836).

En el análisis participaron el Oceanógrafo Guillermo Quirós, el experto en Ecosistemas Costeros, Manuel María Murillo, la Psicóloga Cristina Zeledón y el abogado, Rolando Castro.

Conclusión

Los expertos llegaron a la conclusión que el proyecto carece del enfoque científico y técnico requerido, para asegurar la protección y sostenibilidad de los ambientes marinos implicados.

En ausencia de un plan regulador basado en estudios de impacto ambiental y sensibilidad de los ecosistemas costeros, es riesgoso e irresponsable propiciar un marco legal que permita dar curso a los proyectos de construcción y operación de marinas y atracaderos turísticos, veintidós a la fecha, en áreas altamente sensibles de nuestros litorales.

Castro destacó que el impacto negativo también se daría en la facilitación del tráfico internacional de drogas, de armas y otros, ya que el Estado costarricense no cuenta con los recursos para atender a 22 nuevos puestos de arribo de embarcaciones, que a la postre serán puertos.

Desde la perspectiva de las políticas nacionales para la conservación y el desarrollo sostenible de los diversos ecosistemas y de los recursos naturales que les caracterizan, se hace necesario y urgente justipreciar las consecuencias de un cambio en el modelo de desarrollo turístico que hasta ahora ha privilegiado la conservación y la sostenibilidad, a uno que es necesariamente selectivo, excluyente y de alto impacto ambiental, agregaron los expertos.

Añadieron que el país no tiene una Ley de Navegación ni dispone de un estudio de ordenamiento espacial del territorio marino, y estas herramientas de base deben ser prioridad antes de propiciar el arribo de miles de embarcaciones particulares que darán uso a una “red de navegabilidad marítima” en nuestro territorio.

Las instituciones a las que correspondería otorgar los permisos  y concesiones para la construcción de marinas y atracaderos turísticos, carecen de infraestructura, organización y marco jurídico apropiado.

Además, no cuenta con recursos humanos debidamente preparados para ofrecer una garantía real de que las actividades asociadas a ese tipo de desarrollos, no impactarían negativamente los ecosistemas costeros, ni determinarán la exclusión progresiva de los ciudadanos que habitan las áreas adyacentes.

De aprobarse este Proyecto la nueva ley conducirá inexorablemente a una transformación cultural de las comunidades costeras, cuyas consecuencias inmediatas serán, por una parte, el debilitamiento de su identidad y, por otra, la pérdida de oportunidades laborales propias  son aquellas que generan las pequeñas y medianas empresas turísticas y las diversas actividades a las que los pobladores están acostumbrados.

Intereses

En cuanto a las demandas de servicios que implica la instalación de  marinas, además de la infraestructura de acceso, la electricidad y los combustibles, debe tenerse en consideración el abastecimiento de agua, un recurso vital y escaso para las comunidades y asentamientos costeros.

Tal y como está planteado, destacaron que el proyecto da prioridad a la inversión foránea, sobre los genuinos intereses nacionales, amenazando el patrimonio de todas y todos los costarricenses, los de hoy y los de mañana.

En este   proyecto de ley no se prevén las medidas necesarias ni los altos costos que implicaría la existencia de 22 nuevos puertos, por donde sería muy fácil el trasiego ilegal de  mercaderías, armas, drogas y personasComo ha sido señalado, el proyecto de ley, y las intenciones e intereses subyacentes, dejan mucho que desear desde las perspectivas social, cultural, económica y ecológica.

Por una parte, se trata de un conjunto de normas mal hilvanado que carece de garantías para asegurar la preservación y defensa de la identidad cultural de las comunidades costeras.

Por otra, ignora o subvalora los riesgos asociados a la alteración e impacto sobre los ecosistemas marinos y las comunidades de organismos que les caracterizan, especialmente el riesgo de derrames de aguas residuales y de combustibles y otras sustancias utilizadas regularmente en las embarcaciones, que tienen un reconocido efecto tóxico sobre los organismos que crecen naturalmente en nuestros ambientes marinos.

Además, debe tenerse en consideración el riesgo biológico que implica el transporte desde sitios remotos, de organismos patógenos y, en general, la eventual introducción de especies propias de otros ambientes marinos.  

Oposición

“Declaramos nuestra oposición a un proyecto de ley, cuya aprobación sería una afrenta al compromiso nacional de velar por la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales, compromiso que ha colocado a Costa Rica en una posición privilegiada y ejemplar a nivel mundial”, indicaron.

Por ello, dijeron que conscientes de que el proyecto quebranta los criterios científicos técnicos y ambientales vigentes privilegiando los intereses de los inversionistas en aras de la competitividad y la seguridad jurídica de los inversionistas, instamos a todos los ciudadanos e instituciones interesadas en la defensa de nuestro patrimonio natural a analizar los alcances de la propuesta y manifestar su oposición este proyecto de ley.

Por otra parte, le solicitaron a la Sala Constitucional, de manera respetuosa pero vehemente, que declare inconstitucional el proyecto de ley, mediante el cual se busca modificar varios artículos de la Ley No. 7744, para la concesión y operación de marinas (expediente legislativo No. 14836).

Finalmente, ante la eventualidad de que la Sala Constitucional “no dictamine el proyecto en la forma que esperamos, recurrimos a las señoras y señores diputados, quienes en su condición de representantes de todos los ciudadanos y para solicitarles que se abstengan de aprobar el este proyecto en el segundo debate”.