Texto remitido por el Ejecutivo

Diputados cambian plan contra crimen organizado

 Nueva propuesta será revisada por comisión especial de la Asamblea

 Iniciativa cambia lo relacionado con prisión preventiva y escucha de llamadas

El plan de ley contra el crimen organizado cambió sustancialmente tras un acuerdo de diputados de oposición y del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).

El proyecto fue incluido en la agenda del Congreso por el Poder Ejecutivo esta semana, y los legisladores lo analizarán en comisión a partir del próximo martes.

La iniciativa plantea la creación de una plataforma de información policial y de una comisión de eventos críticos generados por el crimen organizado.

Además, endurece la legislación vigente que castiga delitos que puedan caber en la categoría que se crea para determinar cuáles delitos son del crimen organizado y cuáles no.

El plan tiene el expediente 16.830 y está en trámite de mociones en el plenario legislativo, de donde regresará a la comisión dictaminadora.

Revisado. Luego de mes y medio de estar fuera de la corriente legislativa, una reunión en la Casa Presidencial el lunes de esta semana dejó salir humo blanco sobre el proyecto de ley.

En la cita en Zapote participaron, entre otros, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias; los diputados socialcristianos Bienvenido Venegas y Jorge Eduardo Sánchez, y el presidente de la comisión dictaminadora, el libertario Luis Barrantes.

El fruto de esa cita fue un borrador que será presentado ante el resto de los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo martes.

Cambios. El nuevo plan contra el crimen organizado debe ser incluido en el expediente legislativo a través de una o varias mociones, para afinar los temas en que había posibilidad de roces constitucionales, según técnicos y diputados.

Entre los cambios previstos se cuenta el de la definición de “crimen organizado”, de manera que ahora será genérico, para dejar que los jueces determinen de acuerdo con cada caso cuándo se trata de acciones producto de este tipo de conducta criminal.

Además, se propone un cambio en el plazo que podrá estar intervenido un teléfono, para que en primera instancia las llamadas no sean escuchadas por más de 12 meses consecutivos.

El nuevo texto plantea también que el límite de la prisión preventiva se fije en 24 meses y no en 36, como estaba establecido en el plan.

Luego de dos informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso en que se señalaron posibles roces constitucionales, el plan fue retirado por la Casa Presidencial el 13 de enero de este año.

La intención era que los legisladores y técnicos pudieran llegar a un consenso.

Esto implicó estudiar las 140 mociones que interpusieron al plan los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Eduardo Sánchez y Bienvenido Venegas, y revisar las observaciones de los técnicos del Congreso para aplicarlas al nuevo texto.