Un proyecto de ley promovido por el Gobierno quiere obligar a la industria a comprar frijoles nacionales, aunque su precio sea un 54% superior a los de Nicaragua.

Cada industria quedaría atada a comprar grano de cosecha local, porque luego esas adquisiciones servirían como parámetro para asignar las importaciones sin arancel o impuesto de entrada.

El Gobierno envió el proyecto a la Asamblea Legislativa, pese a que actualmente un quintal (46 kilos) de frijol al productor se paga en Costa Rica en unos ¢34.000, mientras que el grano de Nicaragua puesto aquí sale en ¢22.000 el quintal, según un informe de la Cámara Nacional de Industrializadores de Granos (Caningra).

El precio nacional es mayor por al alto costo de producción (salarios, valor de agroquímicos y otros), y por el bajo rendimiento pues aquí se espera obtener en la actual cosecha 0,6 toneladas por hectárea, mientras en Estados Unidos llega a cuatro toneladas.

El ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, defendió la iniciativa y explicó que se enmarca dentro de los convenios internacionales y que incluso ayudará a estabilizar el precio.

Gloria Abraham, asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en comercio exterior, aseveró que hay un desequilibrio en la cadena de producción y comercialización de frijoles, donde una de las partes gana más que las otras. El Gobierno, dijo, tiene la obligación de buscar el consenso y, si no se se logra, debe actuar.

Alrededor de un 63% de la demanda interna de frijol se debe importar porque la producción local presenta una fuerte decadencia. Se calcula que el país consume unas 4.000 toneladas métricas mensuales (48.000 al año).

El plan del Poder Ejecutivo fue publicado en La Gaceta el viernes pasado. Dividió en sus opiniones a las fracciones legislativas y pasó a estudio de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

No es solución. Jorge Chaves, presidente de Caningra, afirmó que la iniciativa del Gobierno no soluciona el problema de la producción nacional de frijoles.

El mismo día de publicación del proyecto dijo que propusieron a la autoridades del Consejo Nacional de Producción (CNP) la creación de un canon o tasa por tonelada importada sin aranceles.

Esos recursos se cobrarían sobre al menos 30.000 toneladas anuales y se usarían para dar asistencia técnica, fertilizantes y plaguicidas más baratos y semilla mejorada a los agricultores, de tal manera que eleven sus rendimientos.

Abraham manifestó que el MAG hizo todos los esfuerzos para poner de acuerdo a productores, comercializadores y consumidores, pero no fue posible.

Se reconoce, detalló, el valor económico del negocio para el importador al traer más barato, pero el Gobierno debe ayudar a la población más vulnerable.

Además, denunció que el año pasado el precio al consumidor de este grano no bajó pese a que en julio se eliminaron los aranceles.

Por eso, el equilibrio en la cadena pretende beneficiar al consumidor y al productor, afirmó la especialista en comercio exterior.

Extremos. El jefe de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Francisco Molina, dijo que el proyecto se queda corto porque debería también fijar precios, porque se pagan cotizaciones de miseria al productor y no se beneficia al consumidor.

Al contrario, Luis Barrantes, jefe de la bancada del Movimiento Libertario, comentó que el país está retrocediendo a las prácticas de proteccionismo, incluso en beneficio de algunos sectores. Esto crea, sostuvo, distorsiones en el mercado y no necesariamente beneficios para el consumidor.