Una gran voluntad a “corregir” y “mejorar” lo que sea necesario en el proceso penal mostraron ayer representantes del Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

La Comisión, con sede en la capital estadounidense llamó de oficio al país a explicar, motivada por cientos de quejas de aparentes violaciones al debido proceso penal, que es un derecho consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Específicamente, el reclamo es por la ausencia de un verdadero recurso que permita que un tribunal superior o de segunda instancia revise la sentencia penal emitida por un tribunal de juicio o de primera instancia.

A nombre de Costa Rica, el magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, rechazó que el país carezca de esa herramienta jurídica.

Según Arroyo, desde los años 70, la legislación procesal penal ofrece esa posibilidad.

Luego, dijo Arroyo, fue mejorada y ampliada con la sentencia emitida en el 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa.

Insistió en que se eliminaron todos los formalismos tanto para los recursos de casación como el de revisión, por medio de la Ley de Apertura de la Casación.

“No existe otro país con una revisión técnica como la que tiene Costa Rica; es decir, abierta y sin límite”, manifestó.

Sin abusos. Casi al concluir su exposición, Arroyo hizo una solicitud a los representantes de la Comisión Luz Patricia Mejía, Víctor Abramovich y Paolo Canozza.

Según él, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa fue mal entendida en el país y ese error podría provocar un abuso de las demandas ante la Comisión Interamericana.

“Esto es muy delicado porque efectivamente la sentencia Herrera Ulloa fue leída por alguna gente allá como el momento para que algunos presos pudieran alegar violaciones al debido proceso”, manifestó el alto juez.

No obstante, se comprometió a que si en alguna de las centenares de demandas hay “mérito” están en “disponibilidad” de corregir y atender el caso.

Los miembros de la Comisión se interesaron, sin embargo, en conocer los avances de otro proyecto de ley que creará específicamente los tribunales de apelación.

Tras concluir la audiencia, la CIDH someterá a examen las demandas recibidas.

La Comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que conoce demandas contra los estados por eventuales violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.