Carlos Arguedas C. |
La Nación
El Ministerio Público allanó ayer las sedes del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en La Uruca, San José , y en
Heredia, como parte de una investigación por un supuesto fraude en la
contratación de empresas para impartir cursos de inglés e informática.
La acción la ejecutó entre las 8:30 a. m. y alrededor
de las 2 p. m. la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y
Corrupción, en conjunto con agentes de la Sección de Fraudes del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones
Internacionales (Oatri) de la Fiscalía General de la República informó
de que se investiga la legalidad en el manejo de cerca de ¢6.500
millones girados a 30 empresas privadas.
Se trata de contratos que fueron suscritos entre mayo del 2008 y mayo del 2009; el caso se tramita por el delito de peculado.
Este delito es penado con cárcel de tres a 12 años para
el funcionario público o particular que sustraiga dinero o bienes del
Estado. La Fiscalía dijo que por el momento la investigación es contra
desconocido.
Descargo. Carlos Sequeira Lépiz, presidente
ejecutivo del INA, en un comunicado de prensa, dijo que la acción
policial se derivó de un informe de la Auditoría Interna, que
trascendió en abril de este año.
Agregó que ese informe tiene que ver con las
contrataciones de servicios de capacitación y que se solicitaba
reforzar las medidas de control interno, lo cual fue atendido
oportunamente.
Sequeira insistió en que las autoridades y el personal
del INA han prestado y continuarán brindando toda la cooperación que
requieran las autoridades judiciales con estas diligencias.
Detalles. Aunque la Fiscalía se mantuvo
hermética ante el pedido de detalles de cómo se cometió el fraude, en
el informe de la Auditoría Interna del INA se analizaron las llamadas
contrataciones bajo la modalidad llave en mano.
Ese sistema permite a la entidad reclutar firmas
privadas o públicas para que impartan lecciones, y establecer las
condiciones del servicio. Con ese procedimiento, el INA fija el precio
que pagará por estudiante (los cursos son gratuitos para los alumnos),
los materiales didácticos a utilizar, las especificaciones de las
computadoras y programas informáticos y la cantidad de personas por
aula.
Para la Auditoría, el reglamento de contratación tiene
instrucciones poco claras; por ejemplo, el cartel diseñado para
contratar a los institutos es un machote (formulario genérico).