Otto Vargas M. |
La Nación
El jefe de la Policía Metropolitana, comisionado Carlos
León Retana, y 11 de sus subalternos, fueron arrestados ayer luego de
que una investigación del OIJ determinó que ayudan a delincuentes de
San José a cambio de dinero.
El Organismo de Investigación Judicial atribuye a los sospechosos cobros a hampones con el fin de no detenerlos.
Jorge Rojas, director del OIJ, dijo que tienen indicios de al menos 400 cobronazos en varias cuadras del corazón capitalino.
Aunque en principio el operativo Manos sucias como
se denominó la acción policial permitió capturar a 12 oficiales, el
informe de la sección de Fraudes del OIJ incluye nombres de 77 policías.
Rojas destacó que de haber detenido a la totalidad de los 77 agentes cuestionados, habrían ocasionado un caos en la Fiscalía.
Por eso, se decidió hacer los arrestos por etapas.
Aparte de León, un oficial con 19 años de servicio, los
investigadores judiciales detuvieron al jefe de la Policía
Metropolitana Norte (de apellido Serrano), a un jefe de delegación
(apellido Calderón y recién trasladado al Caribe) y a un supervisor de
apellido Marín.
También capturaron en las delegaciones de Cristo Rey,
quinta avenida y parque de las Garantías Sociales a un grupo de
oficiales de apellidos Barquero (2), Muñoz, Venegas, López, Montenegro,
Calvo y Sandoval.
Infiltrados. La Policía Metropolitana dispone
de 350 oficiales para cuidar el casco central de San José. La
investigación de la sección de Fraudes del OIJ concluyó que uno de cada
cuatro policías de ese cuerpo participó en los cobros.
Los primeros rumores llegaron a conocimiento del
Ministerio de Seguridad Pública a mediados del 2008, afirmó la ministra
de Seguridad, Janina del Vecchio.
Teníamos denuncias de oficiales que interceptaban
personas y pedían dinero a cambio de no detenerlas. Con eso se hicieron
algunas acciones encubiertas, pero al darnos cuenta que no eran dos o
tres los que andaban en eso, nos pusimos en comunicación con la
Fiscalía y el OIJ, dijo.
Las sospechas aumentaron hace cuatro meses cuando un sujeto con historial delictivo, conocido con el alias de Miguelito, denunció que policías le pedían dinero.
El hombre, de apellido Arley e investigado por
homicidios y venta de drogas en la zona roja, dijo estar cansado de
esa situación.
Miguelito reconoció ante las autoridades que un
policía (al parecer Calderón, detenido ayer en Barra del Colorado) le
vendió en ¢60.000 un radio con las frecuencias de la Fuerza Pública. El
aparato desapareció de una delegación policial.
Durante los meses siguientes, el OIJ llevó a cabo una
serie de filmaciones. El director, Jorge Rojas, destacó que con el
dinero pagado los delincuentes podían llevar a cabo sus actividades con
tranquilidad.
Los oficiales no solo obtenían ganancias de esa manera.
El OIJ documentó algunos casos de droga que era decomisada a
consumidores y luego era vendida a terceros por los agentes.
En la mira. La ministra Del Vecchio anunció que
pese a que 65 policías no fueron llevados ante la Fiscalía solo 12 ,
ellos afrontarán un proceso administrativo para determinar si procede
una sanción.
Por su parte, el director del OIJ no descartó nuevos arrestos.
A los detenidos, el Ministerio Público les abrió una
causa por concusión (recibir dinero a cambio de no cumplir las
obligaciones propias de su cargo; se castiga con dos a ocho años
prisión), según trascendió en la Fiscalía.
En algunos casos, los policías cobraron ¢2.000 a sospechosos por dejarlos en libertad.
Empero, Fraudes tiene conocimientos de otros casos en los que habrían solicitado hasta ¢200.000 al arrendatario de una pensión.
Hubo gente dedicada a actividades legales a la que le
pidieron dinero. Se consideró que esas personas (los 12 agentes) debían
ser las primeras en ser traídas ante la Fiscalía de Delitos Varios.
Eran tantas personas que se priorizaron la capturas, concluyó Jorge
Rojas. Las indagatorias no terminaron ayer.
En los primeros cinco meses del año, 120 policías
fueron acusados de corrupción. La ministra Del Vecchio dijo que por
semana ha despedido hasta cinco oficiales.