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 Texto amplía beneficio para dueños de edificios que se usen en cultos
Proyecto favorece a 2.780 grupos religiosos registrados en todo el país
Esteban A. Mata | La Nación
Los diputados de la Comisión de Hacendarios del Congreso impulsan la exoneración del pago del impuesto de bienes inmuebles a toda organización religiosa.
 Los congresistas dictaminaron ayer el expediente 16.280, que podría beneficiar a las 2.780 congregaciones religiosas inscritas en el Registro Nacional.
El no pago de este impuesto afectará directamente a las municipalidades, advirtió el oficialista Guillermo Zúñiga, aunque no especificó el monto que dejarán de percibir los ayuntamientos.
El congresista recalcó que el beneficio recaerá solo sobre los inmuebles pertenecientes a las organizaciones religiosas que se utilicen en actividades de culto.
A la fecha, reciben este beneficio los bienes correspondientes a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la arquidiócesis y las diócesis del país.
En Costa Rica hay, además, cuatro iglesias católicas independientes del Vaticano (no papales), tres iglesias de tradición ortodoxa oriental, 14 grupos cristianos marginales y 13 grupos religiosos no cristianos (con alrededor de 82 diferentes organizaciones), según señala el proyecto de ley.
El beneficio vendría a cubrir a estos grupos religiosos.
El diputado del Partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño, señaló que el plan servirá para subsanar una “discriminación histórica” que se hacía en el país con las agrupaciones religiosas más allá del catolicismo.
“Si bien el beneficio ya se da, este proyecto busca una clarificación y una ampliación”, declaró ayer Avendaño.
La bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) se opone al proyecto, y así lo advirtió su jefe, Juan Carlos Mendoza, al insistir en la inconveniencia del plan.
“No estamos apoyando esta propuesta pues es complicado definir quién entra y quién no entra en la exoneración a partir de las actividades de culto; más bien creemos que todas las congregaciones religiosas deberían colaborar con el Estado”, dijo Mendoza.
El proyecto pasará ahora al plenario legislativo, donde los congresistas deberán decidir si lo aprueban o no. En caso de ser aprobado el plan pasará al Poder Ejecutivo para su sanción.
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