Ante una ola de críticas por parte de líderes empresariales, el presidente de Venezuela defendió el domingo su decisión de ordenar que funcionarios del gobierno tomaran el control de complejos residenciales privados y prometió castigar a las compañías que a su juicio aumentan los precios injustamente.

Hugo Chávez, un autoproclamado 'revolucionario' que idolatra al líder cubano Fidel Castro, afirmó que su decisión de ordenar la semana pasada la expropiación de seis complejos residenciales y 'la ocupación temporal' de ocho conjuntos privados en Caracas y otras ciudades fue 'un acto de justicia'.

Chávez acusó a las compañías constructoras e inmobiliarias de cometer lo que llamó 'estafa inmobiliaria'.

'Hemos decidido acabar (y nuestra decisión es inexorable) con esa modalidad de la delincuencia organizada', escribió Chávez en su columna dominical 'Las Líneas de Chávez'.

La defensoría venezolana del consumidor y los procuradores estatales investigan denuncias de que las compañías constructoras e inmobiliarias cobran ilegalmente a los compradores intereses altos sobre apartamentos inconclusos, aun cuando los compradores convinieron un precio hace años y pagaron enganches.

Las empresas acusadas niegan haber cometido algún delito y los dueños de los apartamentos afectados por las medidas han mostrado reacciones mixtas.

A algunos no les gusta tener soldados apostados cerca de sus casas o temen que la medida pueda alentar a partidarios de Chávez a invadir edificios aún en construcción. Otros han aplaudido la orden presidencial porque, dicen, los ha protegido de prácticas comerciales inescrupulosas.

En algunos de los complejos residenciales, mayoritariamente de clase media, grupos de vecinos han aplicado medidas de seguridad para mantener alejados a invasores, como la organización de equipos de vigilancia y la instalación de sirenas.

En un comunicado emitido el fin de semana, dueños de apartamentos de uno de los complejos expropiados _El Encantado Humboldt_ criticaron la expropiación y apoyaron a la compañía constructora porque 'en ningún momento se ha paralizado' la obra, como afirman inspectores del gobierno.

Los detractores de las expropiaciones, entre los cuales se encuentran los opositores políticos de Chávez y la cámara de comercio más grande de Venezuela, advirtieron que las medidas gubernamentales ahuyentarán a los inversionistas. Las políticas socialistas de Chávez, dicen, podrían agravar el considerable déficit de viviendas del país.

El político opositor Julio Borges acusó el domingo a Chávez de pisotear los derechos de la propiedad privada y llevar a Venezuela hacia un gobierno comunista al estilo de Cuba.

En una conferencia de prensa, Borges dijo que los venezolanos no quieren vivir en 'un país de esclavos, donde el gobierno es dueño de todo y la gente es dueña de nada'.

'Queremos un país de propietarios', añadió.

Chávez dijo a la televisión estatal el domingo que algunas empresas de construcción y bienes raíces están financiando grupos de la oposición, pero no dio detalles.

En una llamada telefónica desde La Habana, Chávez rechazó las acusaciones de que una reciente ola de expropiaciones podría alarmar a los inversionistas e instó a los empleados de las empresas expropiadas por el Estado a no dejarse manipular por los de medios independientes y la oposición política del país.

'Están usados por los medios de comunicación y la burguesía', dijo Chávez.