| Pulso de resistencia agobiará Limón |
| Lunes, 31 de Enero de 2011 08:25 |
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Y todavía no hay nada en el horizonte que permita suponer que los resultados serán diferentes. Al menos, en los argumentos de los protagonistas. En próximas semanas, las partes se deberán sentar a negociar cómo llevar adelante la modernización de las actuales instalaciones portuarias de Limón, pero no ven tonos grises: todo es blanco o negro.
En lo único que coinciden es en que hay que cambiar la infraestructura actual.
La Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) insiste en que no ve otro camino que la concesión del puerto o una fuente de financiamiento privada.
El problema es que, precisamente, eso es lo que el secretario general del Sintrajap, Ronaldo Blear, rechaza abiertamente.
“No me han llamado, pero yo no me sentaré en una mesa con el Gobierno a hablar de una concesión del puerto ”, dijo firmemente Blear.
El dirigente fue reelegido en su cargo con un respaldo de más del 60% de los trabajadores del Sindicato, lo que le permitirá endurecer su posición por al menos dos años.
Las autoridades gubernamentales requieren que el sindicato acepte modificar la convención colectiva para introducir la posibilidad de que se indemnice con $137 millones a los trabajadores por la concesión del puerto, tal y como lo había ofrecido el presidente Óscar Arias.
Blear asegura que, en lugar de una concesión a manos privadas, procurará la modernización del puerto de Limón, que mueve el 80% de la carga de importación y exportación del país, con financiamiento de bancos estatales.
“Me he reunido con personas del Banco Popular y el Banco de Costa Rica, y dicen que están dispuestos a financiar ese proyecto”, dijo el sindicalista.
El argumento legal Japdeva presenta un argumento legal para responder la tesis sindical. Según Allan Hidalgo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Japdeva impide a la institución endeudarse. La norma prohíbe que Japdeva incurra en empréstitos por más de ¢1 millón a menos que obtenga una autorización del Congreso.
Hidalgo descarta que la modernización se atrase para someter a los diputados la posibilidad de que Japdeva supere ese endeudamiento o modifique el artículo legal que establece ese tope, pues el cambio se debe promover desde ahora. Y Japdeva registra un déficit que supera los ¢2.000 millones.
En una entrevista con EF Hidalgo no solo rechazó la idea de Blear, sino que se mostró enfático en que no es el Sindicato el que manda el puerto.
“No gobierna Sintrajap. No administra Sintrajap. Ahora queda entrar en un diálogo, pero el Gobierno mantiene su tesis”, dijo Hidalgo.
Sin embargo, los esfuerzos anteriores del Gobierno por presionar al sindicato y decidir el rumbo de Japdeva naufragaron en mares legales, como la Sala IV.
Hidalgo habla de que se requiere un cambio de cultura, lo que parece apuesta a largo plazo. La modernización volvería a quedar a la deriva.
Esperando el barco Mientras ambas partes no dan muestra de un acuerdo, el sector exportador solo pide que el puerto de modernice, sin importar si los fondos para lograrlo sean privados o de financiamiento para el Estado.
“Puede ser un operador privado, puede ser el Estado. No es quién lo maneje sino que el modelo económico a utilizar genere un impacto en la mejora de las condiciones del sector exportador a través de la eficiencia operativa”.
Así lo sostiene Marco Fidel Tristán, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Tristán advirtió que la cámara ha mantenido la postura de cualquier proceso de cambio en los puertos “debe contemplar un mecanismo de consulta con los usuarios dueños de la carga desde el inicio del proceso”.
Agenda oficial El Gobierno tiene un panorama muy optimista de plazos de trabajo para cerrar el capítulo de la concesión del puerto de Limón.
Notificar. Tras la elección de Ronaldo Blear, secretario de Sintrajap, el Gobierno está a la espera de que el Ministerio de Trabajo les notifique el cambio.
Negociar. Esta semana es posible que llamen al diálogo y pacten una fecha de inicio de negociación que, estiman, podría tardar un plazo máximo de dos meses. Empero, es menos de lo que llevaba la revisión de la convención colectiva.
Concesionar. Si se llega a un acuerdo, el Gobierno planea sacar el cartel de concesión un mes después, para ejecutarlo este año.
Fuente: www.elfinancierocr.com |
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