La contralora general de la República, Rocío Aguilar, expuso las debilidades –ya mencionadas por otras entidades públicas y académicas– en relación con los controles y gestión de la ruta San José-Caldera, concesionada por el Estado a la empresa española Autopistas del Sol.

Aguilar compareció esta mañana ante los diputados de la Comisión Especial de Concesiones y se refirió específicamente a la proyecto de concesión de esta ruta que conecta en menos de una hora la capital con el pacífico del país.

De acuerdo con la funcionaria, los informes técnicos y contractuales del ente contralor se han divido en varios temas . El primero, se refiere a la evaluación de las especificaciones técnicas contractuales para el proyecto San José-Caldera. Segundo sobre la evaluación del mismo proyecto para la ruta Nacional 27.

También fueron analizados los deterioros prematuros de la mezcla asfáltica en esta concesión. Igualmente se vieron aspectos de la seguridad vial de la ruta 27, facilidades peatonales, condiciones laterales de la vía y aspectos de la geometría de la carretera.

Un quinto tema se refiere al análisis de los estudios geológico-geotécnicos y del diseño, construcción y mantenimiento en varias secciones de la ruta y que tienen que ver con fallas del relleno.

Finalmente la Contraloría revisó el tema hidrológico e hidráulico de cinco puntos de la carretera nacional 27.

De todos estos grandes temas estudiados, el ente fiscalizador llegó a la conclusión de que desde el punto de vista técnico la obra presenta una serie de deficiencias.

Estos problemas van desde procesos de confección del contrato, hasta los procesos de diseño estructural de pavimentos y geotecnia, diseño de materiales, diseño geométrico y diseño de elementos de seguridad vial, así como los procesos constructivos y de supervisión ejecutados.

“En relación con el análisis técnico, este reveló que el proyecto, en el momento de su apertura y puesta en servicio para explotación, aún carecía de infraestructura con las condiciones necesarias para garantizar los niveles de servicio establecidos para un proyecto de esta magnitud” manifestó Aguilar durante su exposición ante los disputados.

La jerarca insistió en que aunque la obra se hubiera postergado un tiempo prevalecería un importante rezago en cuanto a experiencia en el manejo de este tipo de proyectos, a la preparación técnica y a la disponibilidad tecnológica por parte de la administración, es decir del Consejo Nacional de Concesiones, brazo auxiliar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Es esencial, según la postura de la Contraloría, que la administración depure los procesos de conceptualización de proyectos de esta índole y fortalezca la estructura de dirección y control estatal.

Para ello será necesario conformar un equipo profesional de alta calidad que se encargue de conceptualizar este tipo de proyectos, buscar la eficiencia en los procesos de fiscalización de la administración y elevar la rigurosidad con que se evalúa el accionar del concesionario.

Aguilar deberá volver a comparecer ante los congresistas en una próxima sesión de la comisión especial, creada justamente para estudiar los cuestionamientos que han rondado en torno a la construcción, diseño y controles de esta importante ruta de 80 kilómetros, inaugurada en enero del año pasado luego de 32 años de espera. Su costo rondó los $250 millones.

Fuente: www.elfinancierocr.com