|
El Ministerio de Seguridad Pública suspendió a 1.084 policías de la Fuerza Pública en los últimos 15 meses.
Ellos recibieron una sanción administrativa mientras eran investigados por mal uso de recursos, abuso de autoridad y violencia doméstica, entre otras faltas.
Eso implica que 72 oficiales fueron suspendidos cada mes, en promedio, porque, supuestamente, cometieron faltas graves que ameritaron separarlos del cargo; sin embargo, la mayoría regresó a su puesto.
Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, comentó que el tema de la corrupción policial los preocupa.
“Debemos garantizar que aquellos uniformados que no den un buen servicio sean sacados rápidamente del sistema”, dijo.
La Dirección de Recursos Humanos de Seguridad Pública detalla que actualmente 51 policías de la Fuerza Pública están suspendidos. A ellos se les debe pagar en total ¢7.400.000 por los días que estarán fuera.
Además, hay 1.500 expedientes administrativos cuyas investigaciones aún no concluyeron.
Trabas para despedir. Seguridad Pública reconoce que son complejos y largos los procesos administrativos para concretar el despido de oficiales investigados por casos de corrupción policial.
El director de la Fuerza Pública puntualizó que la única herramienta administrativa, frente a esos funcionarios, es la suspensión con goce salarial como medida cautelar.
El jefe policial explicó, además, que el ministro de Seguridad Pública tiene la atribución de nombrar y remover libremente a los miembros de la Fuerza Pública y a los empleados en puestos de confianza, según lo estipula el artículo 140 de la Constitución Política.
No obstante, Andrade manifestó que muchas veces carecen de elementos probatorios, como testimonios, para justificar el despido.
Por ejemplo, el 7 noviembre del 2008 tres oficiales fueron sorprendidos con dos mujeres, entre ellas una menor de edad, dentro de una delegación en San Isidro de Montes de Oro, Puntarenas, que estaba fuera de uso.
El Consejo de Personal de Seguridad Pública señaló que los funcionarios, de apellidos Carballo, Calderón y Umaña, tuvieron un comportamiento impropio al permanecer con las mujeres allí, y recomendó despedirlos por causa justificada, pero solamente fueron suspendidos ocho días en enero del 2011.
Carballo, quien tiene 12 años de laborar en la Fuerza Pública, volvió a su puesto en Miramar de Montes de Oro, pero el 17 de agosto fue capturado, junto con otros 11 policías, porque se aliaron supuestamente con cinco particulares para asaltar a peatones, robar en casas, extorsionar testigos, proteger a otros criminales y vender drogas. Ahora, descuenta seis meses de prisión preventiva en Puntarenas.
De enero a agosto de este año, el Ministerio recibió 43 notificaciones del Poder Judicial sobre policías a quienes se les impuso prisión preventiva.
Durante ese mismo lapso, se despidió a 66 policías, 68 se pensionaron, 122 renunciaron, siete murieron y ocho estudiantes desertaron de la Academia Policial.
David Delgado C.
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
|
