El proyecto de ley que serviría para adelantar la jubilación a los 57 años crea un portillo que podría dejar a algunos trabajadores sin la pensión complementaria, adicional a su régimen básico.

Esto, debido a que la propuesta prevé que, para completar las 60 cuotas necesarias para pensionarse, los trabajadores podrán echar mano de los recursos de su Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC), y su fondo voluntario de pensiones.

“Este proyecto es completamente opuesto a la Ley de Protección al Trabajador, pues prácticamente anula la posibilidad de una pensión complementaria”, dijo Édgar Robles, superintendente de Pensiones.

Si la iniciativa prospera, los afiliados a un plan de pensiones complementario podrían renunciar a ese ahorro, así que recibirán cerca del 50% de su salario de referencia como pensión, en lugar del 70% al que podrían aspirar con el fondo adicional, comentó Robles.

Las operadoras de pensiones también cuestionan que los fondos complementarios actuales sean suficientes para completar las cuotas necesarias para adelantar la pensión.

“Quien necesite pedir que le adelanten la pensión, es probable que no tenga el dinero para completar lo que le falta”, comentó José Manuel Arias, gerente de la operadora BAC Pensiones.

Incluso, Robles resaltó que el proyecto solo beneficiaría a personas de alto nivel socioeconómico, pues son los que tienen la posibilidad de pagar las cuotas que faltan.

Debate. Para Víctor Emilio Granados, diputado del PASE y proponente del proyecto, la posibilidad de adelantar la pensión está diseñada, principalmente, para personas con una incapacidad para continuar su trabajo, o que quieran dedicarse a otras actividades, sin perder el derecho a su retiro.

Además, el legislador defendió la propuesta con el argumento de que la renuncia al disfrute futuro del ahorro complementario queda al libre albedrío del trabajador.

Esta justificación fue rebatida por Robles, quien aseguró que, aunque la decisión recae en el ámbito de la libertad de elección de las personas, el Estado costarricense ha tratado de garantizar contingencias para una futura pensión.

Para Superintendencia de Pensiones (Supen), el proyecto pone en riesgo las finanzas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pues es un “sistema de reparto”, lo que significa que el pago de prestaciones se hace con las contribuciones de los trabajadores activos.

“Se estaría incrementando la cantidad de pensionados y no de aportantes”, agregó Robles.