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 Proyecto para gravar entidades jurídicas enfrentará segundo debate
Impuesto de $300 anuales se aplicaría a todas las sociedades activas en el país
Una segunda consulta de constitucionalidad, interpuesta por los diputados de oposición para frenar el impuesto a las sociedades anónimas fracasó en la Sala IV.
 Por mayoría, los magistrados resolvieron que no procedía evacuar la consulta facultativa formulada por ocho diputados del Movimiento Libertario (ML) y dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Solo los magistrados Ana Virginia Calzada y Fernando Cruz salvaron el voto y declararon admisible la consulta.
Con este fallo de mayoría, se allana el camino para que se vote en el Congreso, en segundo debate, el proyecto que impondrá un impuesto de $300 a todas las personas jurídicas activas inscritas en el país.
Las sociedades inactivas pagarán $150 anuales y serán exentas las micro y pequeñas empresas que tramiten la exoneración.
El primer intento de la oposición por atrasar el trámite del proyecto fue en agosto pasado, cuando presentaron la primera consulta de constitucionalidad en la Sala IV.
A finales de setiembre, con una votación dividida de cuatro a tres, los magistrados resolvieron que no había vicios de constitucionalidad en el proyecto.
La iniciativa enfrentará ahora segundo debate. Sin embargo, debe esperar la aprobación del presupuesto 2012 y que el Ejecutivo la convoque dentro de las sesiones extraordinarias, que arrancan el 1.° de diciembre.
Luis Fishman, jefe de fracción del PUSC, cree que el proyecto tendrá ahora buen ambiente, aunque cuestiona debilidades en sus transitorios.
“En especial el transitorio quinto, que da seis meses para que se puedan hacer transferencias sin ninguna limitación. Eso puede permitir traspasos libres del pago de impuestos. Debió haberse clarificado que solo podía hacerse para transferencias de grupos familiares o una persona con varias sociedades”, declaró.
Según Manrique Oviedo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, el proyecto se discutirá en la próxima reunión de jefes de fracción, para definir el trámite que seguirá en el plenario.
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